Mahatma Gandhi sostenía que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. Bajo esta premisa, el reciente proyecto de ley de la diputada Karen Reichardt debe verse no solo como una pieza legal, sino como una oportunidad invaluable para que nuestra sociedad discuta temas postergados por décadas. Sin embargo, para que este debate sea fértil, es imperativo señalar las profundas deficiencias de una propuesta que, en su afán de abarcarlo todo, corre el riesgo de no proteger a nadie.
Una definición “paraguas” demasiado grande
El error conceptual de base reside en el Artículo 4, inciso e, que define al animal de compañía como aquel mantenido por el ser humano con fines de convivencia. Al no distinguir especies, el proyecto conaidera a un perro, a un gato o a un pez en un mismo esquema regulatorio, el cuál termina resultando inservible.
Llevado a la práctica, esto genera absurdos: si la ley exige protocolos de bienestar estandarizados, como la provisión de un “lugar seco”, estaríamos ante la estupidez biológica de exigir tal condición para un pez por el solo hecho de que cumple la definición de animal de compañía que abraza este proyecto. Esta mirada ignora que el bienestar animal debe estar ligado al proceso evolutivo de cada especie; porque los animales no son todos iguales, y forzar una igualdad legal donde no existe una igualdad biológica es una paradoja que vulnera su propia naturaleza y socava profundamente la buena intención que seguramente tuvo la legisladora.
Un concepto de bienestar que atrasa décadas
Al contrastar este proyecto con las tendencias legislativas globales analizadas por Brown (2013), se observa un marcado anacronismo. La propuesta normativa parece reducir el bienestar animal al cumplimiento de las “Five Freedoms” (5 libertades básicas), un concepto que atrasa varias décadas.
El concepto de las 5 libertades se remonta a la década de 1960, específicamente al Informe Brambell de 1965 en el Reino Unido, y fueron reformuladas por el Farm Animal Welfare Council (FAWC) en 1979. Y no están mal, pero mucha agua corrió bajo el puente del Bienestar Animal desde entonces, como para ignorarla en 2026.
Sorpendentemente el proyecto de ley ignora la histórica Declaración de Cambridge (2012) que marca el comienzo del fin de varios siglos equivocados bajo la influencia de un Descartes que,con el barniz de una racionalidad prejuiciosa, tapó lo que la ciencia actual descubrió: que los animales no humanos también tienen conciencia, que no son autómatas sin pensamiento.
A mi me resulta curioso observar que René Descartes y Galileo fueron contemporáneos y que mientras Galileo era condenado como hereje por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, Descartes lograba imponer como verdad racional su profunda ignorancia sobre la naturaleza animal. Ignorancia que sería la excusa perfecta para justificar atrocidades durante varios siglos. Que Dios se apiade de Descartes…
Las legislaciones realmente modernas vienen migrando, de la mano del conocimiento científico reciente, hacia el concepto de “deber de cuidado” (duty of care), que propone un marco flexible adaptado a las necesidades individuales y biológicas de cada ser sintiente, superando la mera prevención de la crueldad física para abordar necesidades mentales y conductuales complejas. Un proyecto que no distingue por especie y se aferra a estándares mínimos de supervivencia está, en mi visión, lejos de la vanguardia científica y ética necesaria para el siglo XXI.
Adiestramiento: Delimitando el abuso
Desde mi rol como adiestrador profesional, encuentro alarmante la redacción del Artículo 14, inciso g, que prohíbe métodos basados en el dolor o el miedo pero introduce terminología vulgar y errada como la del “castigo físico”. Mi rechazo al maltrato en cualquier forma es absoluto, pero estoy convencido de que una legislación sobre el tema debería centrar su puntería en penalizar el abuso de la estimulación aversiva por sus potenciales daños físicos y mentales. Criminalizar herramientas mediante términos vulgares y sin distinguir entre el abuso y el correcto uso técnico profesional de la aversión pone en riesgo procedimientos que, bien aplicados, permiten que un animal pueda adaptarse con seguridad al entorno humanizado que lo rodea.
El olvido de la experiencia de los criadores y otras omisiones
Tratándose de un proyecto que apunta a regular la crianza, es llamativa la ausencia de referencias a las federaciones de criadores de perros que ya cuentan con registros genealógicos y estándares éticos consolidados desde hace décadas, y en la que se nuclean muchos criadores responsables. Intentar crear un registro desde cero (RNEAC) ignorando el conocimiento y la estructura de la cinofilia organizada es, desde mi punto de vista, un error.
Asimismo, una ley robusta debe ser la primera barrera contra la corrupción. Debemos exigir una legislación que prevenga la explotación de la situación de abandono como una práctica de estafa. Es imperativo que la ley prevenga la proliferación de “vivos” que captan fondos y beneficios personales bajo la fachada del proteccionismo, lucrando con el sufrimiento de los animales que dicen rescatar.
Conclusión
El proyecto Reichardt me parece rescatable como un disparador necesario en esta época de una temática que es altamente controversial en todo el mundo, pero al que le faltan unas cuantas “vueltas de tuerca”. Creo que los argentinos no podemos ni debemos legislar desde un antropomorfismo ingenuo y peligroso, ni desde una marcada falta de conocimiento acerca de cuál es el estado del arte (state of the art) actual en Bienestar Animal. Necesitamos leyes específicas por especie que realmente honren nuestra moral como pueblo y protejan la identidad biológica de cada animal con el que convivimos.
Referencias bibliográficas:
- Brown, C. (2013). Animal welfare: emerging trends in legislation. Animal Welfare, 22(1), 137-139. doi: 10.7120/09627286.22.1.137.
